Que nadie se confunda, o que no
les confundan. En los partidos políticos hay gente con dedicación exclusiva o
cargos ejecutivos que perciben un salario del partido, salario o retribución
declarada a Hacienda, perfectamente legal y que aparece en la cuentas del
partido que audita el Tribunal de Cuentas.
Esas percepciones deben
aparecer por tanto en la declaración de la renta de cada una de esas personas,
y no crea mayores problemas. Todo el mundo tiene derecho a cobrar por el
trabajo que desempeña. Ahora bien, que no asimilen eso con una contabilidad al
margen de la contabilidad legal, con unas notas manuscritas de cualquier manera
de aportaciones millonarias de empresarios amigos que, casualmente, han
resultado beneficiados por sus gobiernos con concepto y anotaciones oscuras, y
que quieran hacernos creer que esas es la contabilidad que van a volver a
auditar. Esa no se va a enseñar, ya la ha mostrado Bárcenas.
Pero por otra parte, que no se
olvide que hay gente en los partidos con cargos orgánicos y con cargos
institucionales que no cobramos nada, que no percibimos ni un céntimo del
partido, y que aportamos nuestro trabajo y nuestras ideas a nuestra
organización sin percibir nada a cambio, más allá de la gratificación
personal que tengamos cada uno de ayudar a nuestra manera, a las personas y al
triunfo de nuestra forma de crear sociedad civil, más igualitaria y más justa
para todos, y desde el espacio que se nos ha cedido para ello.
Eso se llama vocación de servicio
público. Y cada día está más claro quién no ha sido inspirado con ella, ni cree
en la misma.
